Uno de los conflictos medioambientales más emblemáticos de las últimas décadas en Chile es visto como un hito que cambió el rol de las comunidades y la opinión pública a la hora de tomar decisiones institucionales. Quiénes fueron sus protagonistas, y algunos factores clave de esos tensos días de agosto de 2010 en esta crónica de Climate Times.
“Quiero pedirle a título personal, -pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos-que por favor el Gobierno, el Presidente, su equipo, se oponga con todas las fuerzas que sean necesarias a esta termoeléctrica que quieren instalar en un maravilloso santuario mundial”.
Ese era el tenor del inédito requerimiento que uno de los animadores más creíbles y queridos de la televisión chilena -Felipe Camiroaga- hacía en vivo desde TVN a un sorprendido Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter a las 08:39 de la mañana del 25 de agosto de 2010.
En el estudio del Buenos Días a Todos se escucharon espontáneos aplausos luego de la sentida alocución del animador. Tras ésta Hizpeter señalaba: “Entiendo el sentido profundo y honesto de su petición. Vamos a conversarlo con el Presidente. Créame que es una decisión bastante compleja”. Un día más tarde, el presidente Piñera anunció que se cambiaría la ubicación del proyecto, episodio conocido como el “telefonazo”.
El conflicto por el proyecto termoeléctrico Barrancones marcó un antes y un después respecto del rol que jugaría desde entonces la participación ciudadana y la conservación ambiental.
Proyectado para ser construido cerca de Punta de Choros, un lugar conocido por su biodiversidad única y hogar de especies como el pingüino de Humboldt, Barrancones había ya sido aprobado por las autoridades ambientales.
Sin embargo la oposición de comunidades a lo largo del país, un inédito documental en contra del proyecto, opinión de expertos y apoyo de figuras públicas, desencadenaron una serie de eventos que culminaron con su relocalización, anunciada por el presidente Sebastián Piñera el 26 de agosto de 2010.
Presión ciudadana, un documental, rostros y un gobierno debutante
La decisión de detener el proyecto es para muchos expertos un ejemplo paradigmático del poder que pudo ejercer la ciudadanía ante inversiones de esta envergadura.
Protestas, campañas en redes sociales y la presión mediática fueron la mezcla perfecta en un contexto político bastante particular, para lograr lo que muchos consideraban imposible: revertir un proyecto que ya contaba con la venia institucional.
El desconocido movimiento Chao Pescao que nacía en el año 2007 tuvo un rol importante -y tal vez menos conocido- en toda la trama que concluiría con la abrupta decisión del presidente, quien llevaba tan sólo 5 meses de iniciado su primer gobierno.
Este grupo de veinteañeros -egresa- dos de carreras relacionadas al mundo publicitario y audiovisual-, realiza- ron en 2009 un documental acerca del conflicto, que junto a una exitosa campaña llamada “Salvemos Punta de Choros”, daban material audiovisual y argumentos necesarios para sensibilizar a la ciudadanía acerca de la necesidad de detener la instalación de las termoeléctricas Cruz Grande, Barrancones y Farellones.
Con esto, buscaban proteger la localidad y las reservas marinas de Isla Choros, Isla Damas e Isla Chañaral (Reserva Nacional Pingüino de Humboldt), en las regiones de Coquimbo y Atacama.
Mientras distintas manifestaciones eran lideradas por las comunidades locales, Chao Pescao activó además a una serie de rostros de televisión para apoyar la causa, en lo que sería una de las primeras ocasiones en que figuras con alta credibilidad de la televisión chilena, prestaban su imagen y voz para defender un lugar del país considerado de alta relevancia para la biodiversidad.
La petición de Camiroaga al ministro del interior fue sólo el corolario final ante esta presión proveniente de múltiples frentes que en las últimas semanas de julio de 2010 ya se habían transformado en un “ruido” comunicacional de preocupación para La Moneda.
Más allá de las acérrimas críticas y oposición que tendría el llamado “telefonazo” del entonces presidente, por considerarse una falta flagrante a la institucionalidad, distintos analistas señalan que la decisión del primer mandatario en ese entonces estaba además condicionada por cómo se estaban aún instalando su gobierno.
Una compleja reconstrucción después del terremoto de febrero, a sólo 5 meses de haber asumido el mandato, y un reciente accidente en la Mina San José que dejaba a 33 mineros enterrados vivos en el norte del país, conformaban un complejo escenario en que lo menos deseable sería un conflicto medioambiental.
Éste además reflotaba las críticas al presidente por su rol de empresario y cercanía con los dueños del proyecto, flanco que lo acompañó durante toda su campaña presidencial recién un año antes.
El anuncio del presidente Piñera fue recibido con alegría por los habitantes de Punta de Choros y por grupos ambientalistas. Sin embargo, también generó preguntas sobre la debilidad del sistema institucional chileno para resolver conflictos de esta naturaleza. Por una vía informal se resolvía un problema ambiental, lo que desnudaba los grandes dilemas que enfrenta la institucionalidad existente.
Institucionalidad expuesta
El caso dejó en evidencia cómo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental favorecía decisiones centralizadas que muchas veces no consideran las demandas locales. En Barrancones, el proyecto fue aprobado con el voto de autoridades designadas, pese a la oposición de representantes locales.
Por otro lado, también reveló la ausencia de una estrategia energética integral en Chile, careciendo el país de una política que permitiera evaluar proyectos más allá de casos individuales.
Finalmente, el caso expuso la falta de claridad en torno a la conservación. El área de Punta de Choros posee un patrimonio ambiental único, protegido incluso por leyes nacionales. Sin embargo, la ubicación de proyectos como Barrancones reveló la ausencia de un consenso sobre qué preservar y qué sacrificar en favor del desarrollo económico.
Pero el caso de Barrancones fue emblemático no solo por las reflexiones que generó sobre la gobernanza ambiental en Chile. Para muchos fue el hito que cambió la forma en que las comunidades, la opinión pública, y sobre todo el rol de rostros queridos por la ciudadanía, podían influir, cambiar o generar opinión. Opinión que incluso podía dejar caer un proyecto de varios millones de dólares.

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